Los populares denuncian que la demora en la concesión de subvenciones ahoga la viabilidad de 29 centros especiales de trabajo en la provincia.

En riesgo de tener que echar el cierre. Así se encuentran, según el PP, 29 centros especiales de empleo repartidos por toda la provincia que dan trabajo a más de 700 personas discapacitadas. El problema es la falta de liquidez, pero no por dificultades en el acceso al crédito sino por una dilatación en la concesión de las subvenciones a las que estas entidades tienen derecho. La parlamentaria andaluza popular Rafaela Obrero denunció ayer que el retraso «injustificado» en el pago de las ayudas comprometidas por la Consejería de Empleo a estos centros «pone en serio peligro su viabilidad de cara al futuro».

 Representantes del PP han mantenido reuniones con los responsables de estas entidades en las últimas semanas, donde se ha puesto de manifiesto la «difícil» situación por la que atraviesan debido a la demora en el cobro de los incentivos para la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo estables en un colectivo como el de los discapacitados, que acumula una elevada tasa de paro. A nivel regional, la deuda que acumula el departamento encabezado por Manuel Recio con estos colectivos supera los 20 millones, un débito que en Córdoba no está aún cuantificado.

 Obrero detalló que el retraso medio en Córdoba y en Andalucía a la hora de hacer efectivo el abono de estas subvenciones es de dos años, mientras que en otras comunidades es mucho menor. Así, puso el ejemplo de Aragón, donde se tarda cuatro meses, el de Castilla y León, con cinco, y el de Cantabria, con ocho.

 Añadió que entre los responsables de estos centros existe «una gran inseguridad» en cuanto que la normativa no establece unos plazos límite a la hora de que el pago de una ayuda se haga efectivo. «A esto se suma la enorme burocracia a la que condena la Junta a estos centros», resaltó.

 Obrero afirmó que, incluso, Empleo ha aprobado subvenciones dentro de este capítulo que luego se ha negado a abonar aludiendo a problemas de consignación presupuestaria. Las dificultades para estas entidades son enormes, ya que con la resolución positiva habían acudido a un banco o una caja para que se le adelantara un dinero que ahora es casi imposible de devolver.

 El PP considera que esta situación es fruto de «un fraude consentido» por el PSOE en Andalucía. Obrero señaló que tienen indicios de que se ha producido «una desviación de fondos» que, en principio, debían haber ido destinados a la creación de empleo entre capas desfavorecidas.

 La parlamentaria apuntó que el Ejecutivo regional recibió entre 2009 y 2010 algo más de 26 millones procedentes de fondos del Estado para este fin. «Sin embargo, ese dinero no llegó a los centros especiales de empleo, lo que nos hace preguntarnos si todos estos fondos han ido a parar a los ERE fraudulentos o a alguna empresa dirigida por amigos o familiares de dirigentes socialistas», subrayó.

 Además, se da la circunstancia de que el Gobierno central aprobó en 2009 elevar un 25% las partidas destinadas a apoyar la generación de puestos de trabajo entre la población discapacitada. Sin embargo, según Obrero, todas las comunidades, menos Andalucía, han aplicado ese aumento.

 «Demagogia» de la Junta

A su juicio, este asunto demuestra que la Junta «hace demagogia y es hipócrita en materia de políticas sociales, sobre todo las que tienen que ver con los más necesitados», como es el caso de las personas que sufren alguna minusvalía.

 Por todo esto, el PP ha presentado una interpelación en la Cámara andaluza con el objetivo de que el consejero de Empleo aporte explicaciones del retraso acumulado en el pago de estas subvenciones y de por qué su departamento «se ha convertido en la cueva de Alí Baba».

Publicado por ABC 15/009/2011